Marian Ferrús es Doctora en Medicina y Catedrática de la Universidad Politécnica de Valencia, Presidenta de Plena inclusión-CV, la federación de asociaciones de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y sus familias, y Vicepresidenta de CERMI-CV.
Lleva más de 15 años trabajando en el sector de la discapacidad; cree firmemente que la inclusión efectiva y la plena ciudadanía de las personas con discapacidad no solo es posible, sino que es imprescindible para conseguir los objetivos de la agenda 2030 y es una firme defensora del papel de la sociedad civil organizada en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y sus familias.
Contar con un empleo es uno de los principales indicadores de integración social, también para las personas con discapacidad. ¿Cómo es el acceso al empleo de este colectivo en comparación con la población general? ¿En qué posición se encuentra la Comunitat Valenciana respecto a otros territorios?
Efectivamente, el empleo es uno de los mejores indicadores de inclusión en una sociedad. Hay que tener en cuenta que el trabajo es un elemento esencial para garantizar la igualdad de oportunidades, el desarrollo personal y la participación plena en la vida económica, cultural y social,
En este sentido, las personas con discapacidad son uno de los colectivos más desfavorecidos. Según un reciente estudio del Instituto Nacional de Estadística “Empleo de las personas con discapacidad”, en 2021 solo el 34,6% de las personas de 16 a 64 años con discapacidad reconocida eran laboralmente activos. Esta tasa es 43,1 puntos inferior a la de la población sin discapacidad.
En cuanto a la Comunitat Valenciana, y según este mismo informe, la tasa de actividad se situó en 2021 en el 34,5%, prácticamente igual a la media nacional.
Contra lo que cabría esperar, la aplicación de la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y de su inclusión social no está logrando alcanzar los umbrales mínimos del 2% y el número de personas empleadas con discapacidad se sitúa por debajo y con una evolución preocupante. ¿Cuál es vuestro análisis sobre esta realidad?
La crisis económica que hemos vivido, unida a los problemas derivados de la pandemia, han agudizado problemas que estaban ya presentes en la sociedad y que, a pesar de los incentivos existentes, son profundos y difíciles de eliminar. Los prejuicios y el desconocimiento general de la discapacidad se hacen más evidentes en un contexto de falta de empleo a nivel general.
En este sentido, las políticas de incentivos legales son muy positivas, pero deben ir acompañadas de acciones sancionadoras en el caso de que no se cumplan.
Más importante aún es el desarrollo de planes globales de sensibilización y formación sobre la discapacidad, no solo dirigidos al entorno empresarial, sino también al mundo universitario, incluyendo esta formación en los planes de estudio de las diferentes titulaciones.
Por último, es imprescindible la implantación de programas específicos de formación para el empleo de dirigidos a las personas con discapacidad y el desarrollo de planes de empleo con apoyo o apoyo personalizado para poder contrarrestar esta realidad de aparente estancamiento en la que nos encontramos.
Además de la discapacidad, ¿qué otros factores pueden dificultar el acceso al empleo para estas personas? ¿Hay sesgo de género, edadismo o mayores trabas para unos tipos de discapacidad que para otros?
El sesgo más llamativo tiene que ver con el tipo y grado de discapacidad: Las tasas de actividad laboral entre las personas con discapacidad intelectual son las peores (un 27,5% frente al 34,6% de media de la población con discapacidad y el 77% de la población sin discapacidad). También las personas con mayores necesidades de apoyo son las que menores tasas de empleo presentan.
Respecto a las posibles desigualdades por razón de sexo, en el informe del INE que antes mencionaba se observa que, a diferencia de lo que ocurre en la población general, en 2021 las mujeres con discapacidad tenían más presencia activa en el mercado laboral que los hombres (35,3%, frente a 34,2%). Probablemente estos datos tengan que ver con el tipo de trabajos que realizan unas y otros, existiendo un sesgo de género no tanto cuantitativo sino cualitativo (nivel de retribuciones, permanencia en el empleo, tipo de actividad…), cuyas causas requerirían un análisis más complejo.
En cuanto a la edad, durante 2021 las tasas de paro de la población con discapacidad aumentaron entre los grupos de 16 a 24 años y de 25 a 44 años de personas con discapacidad, mientras que en la población sin discapacidad, la tasa de paro disminuyó en estos mismos grupos, sobre todo en el de 16 a 24 años. Estas cifras evidencian las dificultades de los jóvenes con discapacidad para acceder a su primer empleo y para mantener un empleo estable.
¿Cuál es el papel de las organizaciones sociales en este contexto? ¿Cómo ayudáis a mejorar la empleabilidad de las personas con discapacidad desde CERMI CV?
Las entidades sociales organizadas, lo que conocemos como Tercer Sector de Acción Social, desarrolla tres funciones fundamentales: defensa y reivindicación de derechos; gestión de servicios para dar respuesta a necesidades de colectivos en situación de vulnerabilidad; y desarrollo de la participación social de la sociedad civil. Podemos decir que el Tercer Sector es uno de los cuatro agentes implicados en la producción de bienestar social, junto a la Administración, los hogares y el sistema de mercado.
CERMI-CV está formado por todas las Federaciones de asociaciones representantes de personas con discapacidad y sus familias, lo que nos proporciona un ámbito de actuación global. Desde CERMI-CV trabajamos activamente por la mejora en el acceso a un empleo digno para las personas con discapacidad intelectual a través de distintos tipos de acciones:
- Incidencia política y social ante todos los estamentos, tanto públicos como privados, que tengan capacidad para desarrollar medidas y políticas de fomento de la empleabilidad de las personas con discapacidad.
- Acciones formativas y de sensibilización de los diferentes sectores empresariales y de la administración.
- Labor de supervisión, para que se cumpla la normativa vigente sobre el empleo para las personas con discapacidad.
- Defensa de los derechos de los trabajadores con discapacidad, a través de nuestro Gabinete de Asesoría Jurídica.
- Formación de las personas con discapacidad. Especialmente, acciones para disminuir la brecha digital existente en nuestros colectivos.
En CERMI-CV existen dos Comisiones especializadas, formadas por técnicos de las diferentes entidades: La Comisión de Inclusión Laboral y Formación y la Comisión Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social. A través de ellas, llevamos a cabo las acciones concretas en este campo.
Desde la responsabilidad social se destaca que la apuesta por la diversidad y la inclusión es una práctica empresarial que enriquece la cultura corporativa y es valiosa no solo desde la perspectiva social o ética, sino también como forma de sumar y fidelizar talento y que incide positivamente en la competitividad. ¿Se trata entonces de un prejuicio, de falta de información o de ambas cosas?
Es una combinación de ambas: La principal barrera que se encuentra una persona con discapacidad son los prejuicios. Existe la convicción de la falta de rentabilidad del trabajo realizado por personas con discapacidad. Estos prejuicios se han demostrado falsos en multitud de estudios científicos, y no se sostienen ante ningún indicador objetivo, pero siguen estando muy enraizados en la sociedad.
Esto se une al gran desconocimiento de las empresas sobre la discapacidad y lleva a la desconfianza en las posibilidades de estas personas para realizar un trabajo acorde con los requerimientos de la empresa.
Como comentaba anteriormente, sin acciones decididas y de amplio alcance para la sensibilización y la formación sobre la discapacidad va a ser difícil el cambio cultural necesario para revertir estas ideas.
Para terminar, las políticas públicas son un instrumento de fomento del empleo para las personas con discapacidad. Ahora que comienza un nuevo mandato en los ámbitos autonómico y nacional, ¿Qué pediríais a los nuevos responsables políticos para mejorar el acceso al empleo de las personas con discapacidad?
Nosotros trabajamos desde el convencimiento de que la Responsabilidad Social Corporativa no solo es cuestión de las empresas privadas, sino que implica también, y de forma muy directa, a las Administraciones Públicas y las organizaciones públicas y privadas. Ellas deben ser el motor que guíe la transformación hacia una sociedad y una economía más competitiva, productiva, sostenible e inclusiva, ejerciendo un papel ejemplarizante.
Concretamente en el ámbito del empleo, CERMI-CV elaboró una batería de propuestas de cara a las pasadas elecciones locales y autonómicas, que, en nuestra opinión, son claves para potenciar el acceso al empleo de calidad de las personas con discapacidad. Entre ellas:
- La aprobación y puesta en práctica de un Plan de Formación y Empleo de las Personas con Discapacidad que incluya medidas como la formación y capacitación, el cumplimiento efectivo de la cuota de reserva para personas con discapacidad en todas las convocatorias de empleo público que se lleven a cabo o el lanzamiento de convocatorias específicas de empleo público para personas con discapacidad con mayores dificultades de inserción
- El Establecimiento de las medidas necesarias para garantizar la accesibilidad universal en todos los puestos de trabajo y que las personas con discapacidad cuenten con los productos de apoyo (ayudas técnicas) y con asistencias humanas que precisen en su relación laboral.
- Elevar los incentivos a la contratación, especialmente para las mujeres y personas con más necesidades de apoyo.
- El diseño de un Servicio Integral de Empleo con Apoyo en la empresa ordinaria, impulsando ayudas para la contratación de preparadores laborales.
- Que se vele rigurosamente por el cumplimiento efectivo de la cuota de reserva legal de empleo para personas con discapacidad.
- El desarrollo de acciones de información y sensibilización hacia los empleadores dirigidas a la contratación de personas con discapacidad.
- El diseño y ejecución de un programa específico de apoyo para la inserción laboral de personas con discapacidad en el empleo protegido (Centros Especiales de Empleo)
Igualmente, de cara a las elecciones generales, el movimiento CERMI propone como objetivo global el aumentar hasta el 50 % la tasa de actividad de personas con discapacidad durante la Legislatura, así como aprobar una Ley Estatal de Emprendimiento Social.
El compromiso social en el empleo de personas con discapacidad intelectual
