Hablar de gobernanza en el siglo XXI implica adentrarse en un discurso que explicita, de un lado, la interconectividad e interdependencia en las sociedades globalizadas y que reconoce, de otro lado, la multiplicidad de actores con diferentes capacidades de acción. La novedad y la profundidad de los discursos que apelan a la gobernanza no radica en estos aspectos descriptivos sino en que esta realidad empuja a las empresas, organizaciones y administraciones públicas a repensar los modos y maneras de gobernar, dirigir o administrar tal realidad. Y, sobre todo que esa realidad espera que la respuesta se realice en consonancia a valores compartidos o de justicia y que sea pública y transparente. En definitiva, que sea ética y responsable.
Así pues, gobernanza ha venido a entenderse como un camino para afrontar los retos a los que la sociedad global nos está abocando. Tras ella se aprecia un amplio consenso sobre cinco puntos sumamente relevantes para diseñar sistemas eficientes y eficaces de gobernanza que permitan que esta sea calificada de buena o justa. En primer lugar, que el fundamentalismo de los mercados no funciona. En segundo lugar, que cubrir las necesidades básicas de todas las personas es una exigencia innegociable. En tercer lugar, que debe protegerse la esfera pública y, dentro de ella, los derechos humanos, laborales y la integridad cultural y ecológica. En cuarto lugar, que las corporaciones y el poder de las élites deben ser controlados. Y, en quinto lugar, que todo el mundo ha de tener acceso democrático a los procesos de decisiones globales.
En los años noventa comenzó a proliferar el uso del término governance referido especialmente a un modo de abordar los problemas de gobernabilidad a los que se enfrenta la gobernación política de los Estados-nación. Vocablo que tiene su origen en un galicismo medieval en desuso como documentaron los expertos que trabajaron en la elaboración y traducción del Libro Blanco de la Gobernanza Europa en el año 2001. Y con esta denominación se instaba a veces a impulsar un nuevo modo de gestionar la administración pública y, otras veces, a la orientación sistemas de gobierno donde trabajaran mano a mano empresas, administraciones públicas y organizaciones de la sociedad civil. Esta referencia a los múltiples actores que se requieren para hablar de gobernanza fue incorporada con claridad por la Real Academia Española en noviembre del 2000. La acepción recogida en la vigésima edición del Diccionario de la RAE define gobernanza como: «arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía».
En la actualidad, las propuestas de gobernanza ponen el énfasis en los procesos de colaboración multiactores en diferentes niveles que sean capaces de: acercarse a la definición de los intereses comunes, a la generación de procesos de toma de decisiones compartidas, a la implementación conjunta de tales decisiones, así como a la supervisión y revisión de las mismas de un modo conjunto. Así pues, se pone el énfasis en la dimensión ética o legítima de la gobernanza, en el reconocimiento de los actores que se ven implicados y en la importancia de su capacidad para influir o participar en dichos procesos.
Desde el punto de vista organizativo la gobernanza así entendida implica e impulsa modelos de gestión de stakeholders donde los diferentes actores: empresa, sociedad civil y administración pública, trabajan cooperativamente por una agenda común, establecen sistemas de rendición de cuentas ante la sociedad que contemplan sus expectativas de buen gobierno económico, social y medioambiental y donde se potencian y premian las mejores en prácticas en materia de gobierno corporativo.
La planificación e implementación de sistemas de gobernanza ética y responsabilidad social por parte de las organizaciones, bien sean éstas públicas, privadas o del tercer sector, ha tenido un importante avance las últimas dos décadas por imperativo de la realidad. Es cierto que las motivaciones para tal avance son muy distintas. Algunas se han iniciado en este camino al tener que responder a la exigencia de la Ley 11/2018, de 28 de diciembre que obliga a sociedades anónimas y sociedad de responsabilidad limitada, bajo una serie de requisitos, a presentar un Estado de Información no Financiera (EINF) sobre aspectos sociales, laborales, medioambientales, de derechos humanos y corrupción. Otras muchas han adoptado sistemas de ética y responsabilidad social porque los mercados interconectados e interdependientes les han exigido conocer su estructura de gestión, así como los valores y principios o impactos sociales y medioambientales generados como requisito para entablar relaciones comerciales. En otras ocasiones, ha sido el estímulo ha tenido su origen en malas prácticas que el sector ha experimentado y del que la organización quiere desmarcarse de tales modos y formas de gobierno que no son aceptadas social o políticamente. Y, también las hay que han gestionado proactivamente desde una clara vocación de dirigir y gestionar desde una buena gobernanza porque han entendido que la gestión ética y responsable es rentable en el medio y en el largo plazo.
Dos son las principales críticas que la gobernanza ha recibido. En primer lugar, que se corre el riesgo de privatizar la acción colectiva de acción generando opacidad e interferencia por parte del sector privado en el sector público y social. Y, en segundo lugar, que tras la demanda de gobernanza no hay una profundización en la participación y democratización de los diferentes actores en los asuntos comunes sino una contención de los actores sociales y políticos indeseados o más vulnerables.
Diferenciar la gobernanza de la buena gobernanza nos puede dar la clave para afrontar estos dos peligros. La buena gobernanza pasa necesariamente por un trabajo extenso y profundo de diálogo y deliberación conjunta sobre lo que consideramos valioso -por justo- en el largo plazo. En segundo lugar, por una democratización intensa de las estructuras y procesos organizativos. En tercer lugar, por el reconocimiento de los actores mediante la no instrumentalización y el respeto a su autonomía en las interrelaciones. Y, en cuarto lugar, por sistemas de transparencia y rendición de cuentas accesibles, comprensibles y que aporten valor para poder dar respuestas conjuntas a los retos que vivimos en este siglo XXI.
Elsa González Esteban
Profesora Titular Filosofía Moral – Universitat Jaume I – Castellón
Investigadora Principal del Proyecto Euorpeo «ETHNA System. Ethical Governance for RRI in Higher Education, Funding and Research Centres» Investigadora Principal junto al Profesor Domingo García Marzá del Proyecto coordinado entre la Universitat Jaume I y la Universidad de Valencia «Ética Discursiva y Democracia frente a los retos de la inteligencia artificial»
Ética, buen gobierno y transparencia en pequeñas organizaciones
