José Moisés Martín Carretero Vocal del Consejo Asesor de Asuntos Económicos del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital jmm@red2red.net
La crisis del coronavirus ha acelerado un proceso de digitalización en el que la economía y la sociedad ya estaba envuelta desde hacía años: el auge del teletrabajo, el notable incremento de las compras online, la realización de infinitos seminarios y talleres vía aplicaciones digitales, la migración a la “nube” de buena parte de nuestros archivos y trabajos, elementos todos ellos que ya estaban presentes en nuestra vida, pero que se han multiplicado en los últimos meses. Adicionalmente, todos los planes de recuperación pasan por la puesta en marcha de nuevas estrategias de digitalización, de manera que el propio NextGeneration EU obliga a que un alto porcentaje de los fondos se destine a la digitalización de la economía.
Todo este proceso de transformación acelerada ha coincidido en el tiempo con una reflexión en profundidad sobre los efectos económicos y sociales de dicha digitalización: hoy sabemos que la digitalización no sólo tiene luces, sino también muchas sombras: en los derechos laborales y sociales, en la acumulación de poder en pocas empresas, o, yendo más allá -como lo hacen ya numerosas obras, entre las que destaca “La Era del capitalismo de vigilancia” de Zuboff- un nuevo modelo de producción centrado en la gestión indirecta de nuestros sentimientos, ideas o hábitos por parte de un grupo de grandes empresas digitales.
¿Es la digitalización una nueva cornucopia de la prosperidad o el camino hacia una distopía? En realidad, el camino de la integración de las tecnologías digitales como el internet de las cosas, la inteligencia artificial o el big data en nuestras vidas no está predeterminado por la tecnología, sino por las instituciones por las que transcurre el proceso de transformación. Frente al modelo norteamericano, que incide en la capacidad de innovación del sector privado y en modelos de negocio maximizadores de beneficios, o el modelo chino, donde los derechos fundamentales de las personas son merecedores de muy poco respeto, Europa debe alzarse con un modelo de digitalización humanizada, que dé lugar a una transición digital justa para todos y todas.
Desde este punto de vista, el papel del sector empresarial y de su responsabilidad social se impone como un elemento clave. El nuevo pacto social digital necesita del concurso del sector privado para lograr una transición digital justa y sostenible. Algunas vías deberían centrarse en los siguientes elementos de actuación.
En primer lugar, la prioridad política para centrar la digitalización en las personas es favorecer su empoderamiento y promocionar su formación, cualificación y recualificación profesional, tanto a través del sistema educativo como a través de la formación para el empleo. Las nuevas realidades laborales van a requerir asimismo de nuevas competencias profesionales, no siempre relacionadas con los aspectos tecnológicos, sino también con habilidades transversales. La inversión en las personas debe configurarse como la principal línea del nuevo pacto social, tanto dentro como fuera de las empresas. En ese sentido, se debe prestar especial atención a las brechas abiertas en materia de competencias, particularmente a la brecha de género, que sigue siendo especialmente relevante en materia de competencias técnicas, científicas o matemáticas, para que nadie quede atrás.
Al mismo tiempo, las nuevas modalidades de trabajo, la disolución o erosión de las instituciones laborales tradicionales y el surgimiento de trayectorias vitales con muy poca intensidad laboral obligan a repensar la vinculación entre la realidad contractual y las redes de protección social asociadas. Debemos avanzar hacia la extensión de los modelos de protección social también para aquellas personas que no están cubiertas por los contratos laborales tradicionales. Esta nueva red de protección social necesita imperiosamente de la colaboración con el sector privado, favoreciendo mecanismos de asistencia y protección más flexibles y personalizados, garantizando en todo momento la cobertura universal de determinadas prestaciones y una adecuada calidad de estas.
En tercer lugar, y atendiendo a las mejores prácticas en materia de derechos digitales, el sector empresarial debe comprometerse a cumplir un suelo mínimo, como son el derecho a la intimidad, la protección de datos, la seguridad digital o la herencia digital, pero también el derecho a la igualdad de acceso o a la protección de la infancia, la neutralidad de la red, etc. Todo un ejercicio de revisión de las políticas de responsabilidad social que lleva a buscar un modelo de digitalización en la que las personas sean los protagonistas, y no los proveedores de materia prima.
En todos estos aspectos, la participación ciudadana, el diálogo con los agentes sociales, las empresas, los centros de pensamiento y las universidades deben estar enteramente implicadas en el desarrollo de este nuevo pacto social digital.
La enunciación del pacto social no será suficiente, sin duda, pero supondría un paso muy importante en la buena dirección. Los riesgos de una digitalización descontrolada o poco respetuosa con los derechos civiles, políticos o sociales pueden traernos no pocos problemas y aprovechar el potencial transformador de la tecnología sólo será en beneficio de las mayorías si lo hacemos desde una perspectiva comprometida con paliar sus efectos negativos y favorecer el potencial de productividad y prosperidad para todos y todas. Debemos evitar caer en un momento declarativo que no se vea acompañado por las correspondientes políticas públicas y corporativas que hagan efectivo estos derechos, porque donde hay derechos, hay también obligaciones -las de respetar o promocionar esos derechos. Algunas compañías tecnológicas, como la propia Telefónica, han mostrado un importante activismo en esta dirección, a través de su manifiesto digital y su pacto digital, un esfuerzo por contribuir al debate para la construcción de una digitalización más inclusiva y eficiente. Debemos analizar cuál es el grado de coherencia entre estos principios básicos y el entorno regulador de las nuevas tecnologías, intentando encontrar la manera en la que se evite tener que elegir entre protección de las personas y promoción del desarrollo tecnológico. Ambos aspectos deben ir siempre de la mano, pero no es fácil conciliarlos cuando se baja de los discursos a la práctica empresarial. El reto está ahí y debemos ser capaces de resolverlo.
Tecnología y digitalización
