Manuel Villoria Mendieta es Catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es Director del Departamento de Gobierno y Administración Pública del Instituto Universitario Ortega y Gasset, donde en la actualidad dirige el Programa de Alta Dirección Pública y el Curso Superior de Dirección y Gestión de la Seguridad Pública. Es autor de más de cien publicaciones (libros y artículos) sobre Administración pública y ética administrativa y en su trayectoria profesional ha ocupado diferentes puestos en la Administración Pública.
La corrupción se sitúa desde hace años en los primeros puestos del ranking de cuestiones que más preocupan a los españoles (según el CIS). Un problema de tales dimensiones, ¿está recibiendo la atención y respuesta necesarias por parte de los poderes públicos?
Por diversas circunstancias la corrupción llegó a situarse como el segundo problema más importante para los españoles/as. Ahora, el nivel de preocupación por la corrupción ha bajado mucho, pero ha ocupado su lugar la preocupación por la clase política y su labor, lo que es otra forma de ver el problema, pero muy conectada. Se desconfía de los políticos sobre todo por la percepción de su bajo nivel de integridad.
Hasta el momento, la renovación institucional que requería un problema como el de la corrupción no ha estado a la altura de las necesidades existentes. Es cierto que, con la llegada de la pandemia, se ha producido una profunda crisis económica y que esto ha dado lugar a una respuesta keynesiana muy potente que se concreta, por ejemplo, en los fondos Next Generation y el correspondiente Plan español de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Ante este reto, la respuesta va a ser necesariamente reforzar la calidad institucional de nuestros sistemas de control y promoción de la integridad. Veremos si estamos a la altura y configuramos ya por fin sistemas de integridad nacional e institucionales que reduzcan seriamente la posibilidad de corrupción y clientelismo.
Algunos aspectos como el control del despilfarro o el cumplimiento de los compromisos adquiridos parece que sean cuestiones menores, en las que la ciudadanía es menos exigente. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Yo creo que, tras diversos estudios, uno por cierto excelente de Joan Romero, se ha podido comprobar cómo la ineficiencia y despilfarro de fondos públicos en España es enorme. La inmensa mayoría de esos fondos despilfarrados no están conectados a episodios de corrupción, sino a una mala gestión estructural de nuestros gobiernos y administraciones. Esto lleva a otra reforma institucional imprescindible, la de la Administración pública, íntimamente ligada a las reformas a favor de la integridad y contra la corrupción. Tenemos un reto enorme con la gestión de los fondos Next Generation y el problema es que hay que ser eficaces, eficientes y efectivos en su gestión, ello requiere de reformas estructurales en nuestro modelo de función pública. Me temo que vamos a llegar un poco tarde.
Hemos visto recientemente a la Universidad inmersa en casos en los que se pone en duda la legitimidad de algunos títulos otorgados en condiciones poco o nada convencionales. En tu opinión, ¿cómo afectan estos casos a la reputación de la universidad? ¿Crees que cuentan las universidades con suficientes mecanismos de transparencia y buen gobierno en su gestión?
Estos casos me tocan directamente, como Catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos. Los daños reputacionales han sido enormes, no sólo para la URJC, sino para la universidad española en su conjunto. Lo que pasa es que esos escándalos, si se auditara seriamente la universidad española, no se reducirían a la URJC. Tenemos sistemas de gestión en las universidades que son medievales. Una organización corporativa muy consolidada no puede hacer frente a los retos de las sociedades del siglo XXI. Creo que la universidad no tiene, por ahora, mecanismos suficientes de auditoría y control de su calidad, eficacia, eficiencia e integridad. La universidad pública española no rinde cuentas adecuadamente a la ciudadanía que la financia. De la universidad privada no voy a hablar porque no lo conozco con detalle, pero me parece que, en algunos ámbitos, deja mucho que desear.
En la mayoría de las ocasiones os nos enteramos de la corrupción empresarial por investigaciones policiales o procesos judiciales que trascienden a los medios ¿se trata de casos aislados o son la punta de un iceberg?
La corrupción empresarial es, me parece, todavía superior a la del sector público. La colusión, los cuasi-monopolios, el fraude fiscal, el blanqueo de capitales, los sobornos entre empresas, las malversaciones internas, las quiebras fraudulentas, el abuso de información por los gerentes…son enormes. Frente a ello, los sobornos a políticos y funcionarios son bastante inferiores. Hay sectores que han realizado captura de políticas de forma continua, han influido indebidamente o han financiado ilícitamente a partidos, los datos son difíciles de conseguir, pero hay muchos indicios. La renovación moral del sector empresarial español es un reto muy importante.
Las grandes empresas llevan años aplicando códigos éticos, códigos de buen gobierno corporativo, tienen políticas internas de lucha contra la corrupción y el soborno y/u otros instrumentos análogos. ¿Hasta qué punto están estas grandes corporaciones avanzando en esta materia? ¿Son suficientes estos instrumentos?
En general, las empresas que desarrollan sistemas de compliance seriamente son muy pocas. Nuestros datos lo indican, aunque va aumentando a ritmo muy alto la adopción de políticas de integridad en la empresa. Además, muchas de esas políticas, cuando existen, son mero window dressing; cuando llega la hora de la verdad y las empresas se juegan mucho dinero, la ética se queda en el cuarto oscuro encerrada. No digamos cuando trabajan en países extranjeros altamente corruptos. Obviamente, hay empresas muy serias que se preocupan rigurosamente por hacer las cosas con honestidad, pero no creo que sean todas, ni mucho menos. En todo caso, bienvenidas sean las políticas de compliance y los sistemas de integridad en las organizaciones privadas. Espero que poco a poco vayan cambiando la cultura interna.
Tanto para las administraciones públicas como para el ámbito privado la transparencia tiene asociada una carga de trabajo creciente. Desde tu perspectiva, ¿esa dedicación y el consiguiente coste se estabilizará o seguirá necesariamente ascendiendo? ¿Hemos llegado a un punto de equilibrio?
Como todo compromiso, implica costes, pero creo que los costes son, en realidad, una inversión. La transparencia reduce las posibilidades de fraude, limita los incumplimientos normativos, promociona la eficacia y asegura una buena reputación, en consecuencia, apostar por transparencia es aportar por legitimidad y por éxito.
La transparencia en ocasiones puede colisionar con la protección de datos, ¿Cómo podemos hacer compatibles ambos derechos sin que uno anule o limite fatalmente el otro?
La ley de transparencia y la jurisprudencia creo que van estableciendo la forma de equilibrar ambos derechos y no me parece ahora mismo un problema de gestión. No obstante, a nivel estatal, el reglamento de la Ley debería ayudar en este aspecto.
Avanzar en el buen gobierno corporativo está asociado a la consolidación de determinados valores en la sociedad. En este mundo globalizado, ¿está Europa y las instituciones internacionales irradiando con éxito esos valores a escala planetaria o estamos muy lejos de ese ideal?
Creo que los ODS han marcado unos objetivos y un marco de valores que deben guiar a la humanidad en los próximos años. La responsabilidad social debe conectar con ese marco de valores y producir la sinergia, de tal manera que el esfuerzo empresarial por la rentabilidad se una a un aporte sólido al bien común universal. Mientras tanto, seguro que hay muchas incongruencias políticas y societales, pero, no debemos olvidar nuestros objetivos comunes.
Gobernanza, ética y responsabilidad social
