Orencio Vázquez es director del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, una plataforma de referencia para la cooperación e investigación que se dedica a potenciar la responsabilidad social en las empresas y a promover su correcto enfoque y aplicación. Su experiencia y conocimientos lo convierten en uno de los especialistas más reputados y respetados en sostenibilidad.
Desde el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa analizáis periódicamente el comportamiento de las empresas del IBEX 35. Desde tu punto de vista, ¿cuáles son los principales avances y cuáles las cuestiones pendientes que deberán ser abordadas en los próximos años?
La entrada en vigor de la Ley 11/2018 ha tenido un efecto de mejora en la información no financiera presentada por las compañías, sin embargo, la información todavía no alcanza la calidad pretendida por esta norma.
El informe del Observatorio de RSC, que utiliza una metodología que incluye 520 indicadores y que analiza cómo las empresas del selectivo Ibex 35 informan sobre la gestión de riesgos en medioambiente, aspectos laborales, derechos humanos, clientes y consumidores, buen gobierno, corrupción y fiscalidad responsable, concluye que pese a que la Ley 11/2018 ha tenido un efecto positivo en la calidad de la información no financiera con respecto a ejercicios anteriores, la información todavía tiene importantes carencias. El resultado del análisis sitúa el nivel de información promedio de las 35 empresas analizadas en los 33,62 puntos en una escala de 100.El aspecto sobre el que las empresas aportan más información es el referido a clientes y consumidores, seguido de los aspectos laborales. Las áreas que alcanzan un menor grado de transparencia son las relacionadas con la corrupción y el respeto de los derechos humanos.
De acuerdo con este estudio, la información no es homogénea entre empresas, por variar mucho el grado de detalle y por la utilización de indicadores dispares. También evidencia que la información tampoco se presenta de manera igual entre áreas dentro de la misma empresa, no teniendo el mismo grado de tratamiento las cuestiones relacionadas por ejemplo con medioambiente que las cuestiones relacionadas por ejemplo con derechos humanos. Al no establecer la Ley la metodología tanto en el procesamiento de la información como en la representación de la misma que debe incluir en el EINF, la empresa, en la mayoría de los casos, se limita a facilitar una descripción muy genérica sin aportar datos cuantitativos que mejoren la calidad de la información. Todo ello a pesar de que la Ley exige que se informe de “Indicadores clave de resultados no financieros que sean pertinentes respecto a la actividad empresarial concreta, y que cumplan con los criterios de comparabilidad, materialidad, relevancia y fiabilidad.
A pesar de las carencias señaladas y de lo evidente de muchas de ellas, los informes de verificación de los estados de información no financiera prácticamente no incluyen salvedades. Para mejorar la calidad de la información, las entidades encargadas de la verificación deberían aplicar criterios más rigurosos, considerando de manera exhaustiva los requerimientos de los principales estándares internacionales en la materia.
La pandemia del COVID 19 ha convulsionado el mundo mostrando la vulnerabilidad de la humanidad ante el virus, pero parece que también ha permitido mejorar la relación entre las empresas y la ciudadanía gracias a acciones altruistas que han ayudado a afrontar situaciones complicadas. ¿Percibes que el colectivo empresarial asume cada vez más su rol ante los retos a los que se enfrenta la sociedad o piensas se trata de una cuestión puntual que se desvanecerá con el paso del tiempo?
La pandemia ha puesto en relieve que nos encontramos ante una globalización carente de mecanismos e instituciones capaces de reaccionar de manera conjunta ante una amenaza global. Es necesario repensar la figura del Estado, los modelos de producción basados en interminables cadenas de suministro y el orden económico y de gobernanza global. Resulta evidente la necesidad de profundizar en la cooperación entre países, y entre instituciones; empresas, gobiernos y sociedad civil. La RSC puede sin duda contribuir a ello.
Es cierto que hemos asistido a interesantes campañas y acciones por parte de muchas empresas para aportar a la lucha contra el virus pero también están surgiendo otros efectos que permanecen más ocultos. Hemos sido testigos del comportamiento de algunas empresas farmacéuticas o la actual situación con el sector energético, una industria clave para el desarrollo social y económico del país.
¿Tienes esperanzas en que el Pacto Verde Europeo y las millonarias inversiones del instrumento Next Generation en economía circular, energía limpia, movilidad sostenible, resiliencia frente al cambio climático, digitalización, etc. serán capaces de marcar definitivamente el rumbo hacia la sostenibilidad de las empresas e instituciones y también para el conjunto de la sociedad europea?
¿Qué sucederá en los próximos meses y años? Cómo se planteará la estrategia para volver a obtener rentabilidad? ¿Existirá más conciencia de la necesidad de redistribuir la riqueza? ¿Qué sucederá con la lucha contra el cambio climático? y con los ODS? Son incógnitas que se deberán resolver en el futuro. Las instituciones, en nuestro caso Europa, debe guiar la senda de la recuperación hacía un modelo sostenible y premiar aquellas actividades y empresas que tengan un mejor impacto en la sociedad. Sobre el papel la orientación de instrumentos como los fondos Next Generation, el principal incentivo de cambio en la empresa es el económico, parecen acertados. Hay que esperar a ver cómo realmente se implementan y se establecen los procedimientos acertados en la canalización d ellos fondos.
El paraguas de los ODS ha servido para concienciar al mundo sobre la necesidad de actuar para hacer frente a los retos globales, pero en el ámbito de la responsabilidad social da la sensación de que algunos han optado por enlazar su acción social con iconos de colores y dejan de lado la sistemática o cuestiones como el diálogo con grupos de interés, la materialidad o la ética y la transparencia. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Considero un riesgo desviar la gestión de la empresa en base a riesgos e impactos económicos, sociales, culturales y medioambientales hacía el desarrollo de acciones no articuladas basadas en los ODS. Como mejor puede contribuir la empresa a la consecución de los ODS es a través de una gestión responsable.
Las grandes empresas avanzan en sostenibilidad, sin embargo, uno de los retos que parece que seguirán siéndolo es el de llevar de manera coherente y satisfactoria la responsabilidad social a las pequeñas organizaciones. ¿Cuál sería la mejor forma de generalizar las prácticas responsables entre las pymes?
Hay que incorporar a las pymes a la sostenibilidad, la cuestión es cómo. Los fondos procedentes de Europa para la recuperación pueden ser una oportunidad. Por otro lado, hay que incorporarlas al acceso a la compra pública aplicando criterios de sostenibilidad, proximidad, etc. Las grandes empresas pueden ser un tractor de cambio a través de la exigencia de criterios de sostenibilidad en la contratación, pero en primera instancia deben ser responsables con sus proveedores. También debemos concienciar a los consumidores de la importancia que tienen las pymes en el tejido productivo y desarrollo territorial. Por último, medidas de tipo proteccionistas contra oligopolios o malas prácticas mercantiles por parte de grupos empresariales.
¿Cuáles señalarías como los mayores retos para la RS en los próximos años?
Nos encontramos en un escenario en el que hay que atender a cuestiones de alta emergencia social que se incrementan en relación a la situación previa a la pandemia: desempleo, pobreza… Hay otros desafíos que ya estaban antes de la emergencia sanitaria: desigualdad, cambio climático y redistribución de la riqueza.
El cambio climático no deja ver sus efectos de manera tan evidente e inmediata como el coronavirus pero las consecuencias si no actuamos a tiempo serán letales para la especie humana y para el planeta.
¿Qué papel debería desempeñar la academia en la extensión de una gestión socialmente responsable hacia todo tipo de entidades?
Como cualquier organización debe desarrollar una estrategia en base a su capacidad de impacto, riesgos e influencia. Su papel es básico en el desarrollo sostenible del país.
¿Y la administración pública, está haciendo sus deberes, tanto de difusión como de regulación, y hacia su propia gestión, por ejemplo en materia de contratación pública, o gestión de RRHH?
La administración va rezagada. Se deben desarrollar marcos de actuación y coordinación territorial, identificar problemas, desarrollar políticas con impacto real. Tener una estrategia coordinada y articulada en base a distintas políticas.
A nivel europeo se están produciendo avances relevantes. La revisión de la Directiva 2014/95/UE de Información no Financiera y Diversidad, representan un importante avance en términos de establecer la obligación para las empresas de divulgar información sobre la evolución, resultados e impacto de su actividad respecto a cuestiones ambientales y sociales y de gobierno corporativo. La revisión e la directiva tiene como objetivo identificar riesgos para mejorar la sostenibilidad y aumentar la confianza de los inversores, los consumidores y la sociedad en general y para ello incrementa la divulgación de información no financiera. También se están produciendo iniciativas interesantes en lo vinculado con empresas y derechos humanos con la propuesta de directiva del Parlamento europeo en marzo de este año. Por último, tal y como ha expresado la Comisión Europea es vital implicar al sector financiero. Para ello las empresas del sector deben aplicar procedimientos de evaluación de los distintos riesgos no financieros en los diversos países en los que operan y a los diversos sectores de actividad a los que prestan financiación.
Reflexiones sobre el futuro de la Responsabilidad Social
