Contexto
En estos últimos años la Unión Europea, el gobierno de España y la Generalitat Valenciana han declarado formalmente que estamos inmersos en una situación de Emergencia Climática. Aún estamos viviendo la pandemia por COVID-19 que ha mostrado claramente la estrecha relación existente entre deterioro medioambiental, cambio climático y empeoramiento de las condiciones de vida de las personas y las sociedades, incluidas las esferas económica y productiva.
Hoy, cuando se cumplen 50 años desde la publicación del Informe Meadows (Los límites del crecimiento, Club de Roma 1972), los científicos continúan alertándonos -si cabe con mayor contundencia, evidencia de datos y urgencia- de que estamos traspasando los límites naturales del planeta Tierra, y de que de seguir por ese camino estamos abocados a sufrir consecuencias catastróficas. De hecho, esas consecuencias ya forman parte de nuestro presente. La pérdida de los equilibrios naturales y la multitud de consecuencias del cambio climático son innegables: todos percibimos sus efectos en forma de pandemias más frecuentes y mortíferas, olas de calor extremo, sequías persistentes, falta de agua para la agricultura y la vida cotidiana, mega incendios de sexta generación, huracanes fuera de momento y lugar, lluvias torrenciales sumamente destructivas de cosechas y edificaciones, nevadas que colapsan las ciudades, inundaciones gigantescas, y muchos otros fenómenos meteorológicos extremos que se van generalizando y son cada vez más frecuentes y dañinos.
Son conocidas las causas de estas alteraciones climáticas: la utilización intensiva en los últimos doscientos años de combustibles de origen fósil (carbón, gas y petróleo, que generan el 75% de los gases de efecto invernadero) para alimentar el sistema de producción, consumo y transporte globalizado vigente actualmente a nivel planetario. Estas prácticas empresariales, de movilidad y de estilo de vida generan gases de efecto invernadero, el principal de los cuales es el dióxido de carbono (CO2), que calientan el clima y son perniciosos para la atmósfera y para la infinita variedad de formas de vida, incluida la humana.
También gracias a la ciencia sabemos que hay una estrategia técnicamente efectiva para aminorar esas catastróficas consecuencias climáticas, que lo son también económicas y sociales. Consiste en reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero (un 7% anual hasta 2030, y un 10% entre 2030-2040), con el objetivo de alcanzar la descarbonización de nuestras economías antes de 2050 y contener el calentamiento climático por debajo de 1,5ºC, tal y como acordaron 197 países en 2015 en el Acuerdo de París (COP21).
Para ello Europa definió un proceso paulatino de reducción de CO2, pero al comparar la evolución de datos entre 1990 y 2020 se observa que mientras otros países iniciaron su senda hacia la descarbonización antes que nosotros y con resultados más contundentes (por ejemplo, el Reino Unido redujo sus emisiones el -45%; Alemania, -42%; Bélgica -26%; Francia, -28%; Italia, -27%, Holanda -26%, y la UE28 -29%), España es el segundo país que menos ha reducido sus emisiones totales, tan sólo un 8%. Lo cierto es que en 2021 han empeorado estos resultados al haberse producido un aumento de las emisiones. Según datos 2021/2020 publicados por EUROSTAT, se observa que España es el quinto país que más ha aumentado sus emisiones, solo superado por Bulgaria, Estonia, Eslovaquia e Italia.
Al no haber tomado tempranamente España medidas hacia la descarbonización, ahora deberán implementarse de manera más contundente. Y esta urgencia se refiere sobre todo al sector extractivo y productivo. Las 10 empresas que más han emitido[1] en 2021 son: REPSOL 10.7 M de toneladas (Mt) Co2-eq; ENDESA 9.3 Mt; EDP 8.2 Mt; ARCELORMITTAL 5.6 Mt; NATURGY y CEPSA 4.9 Mt; FCC 3.5 Mt; CEMEX e IBERDROLA 2.4 Mt; y LAFARGEHOLCIM 2 Mt.
Las emisiones de estas 10 empresas representaron el 57% de las emisiones del mercado de carbono, y el 18,7% de las totales en España en 2021. Si se consideran las 20 empresas más contaminantes, representan casi el 69% de las emisiones del mercado de carbono, y el 23% del total. Sólo 50 empresas han emitido el 80% de las emisiones del mercado de carbono, y el 27% del total de las emisiones del país del 2021.
La conclusión es evidente: en 2021 España no ha optado realmente por la descarbonización, cuando se debería estar observando una profunda descarbonización de todos los sectores para alcanzar los objetivos establecidos por el PNIEC (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2020) de una reducción del 23% para el año 2030.[2]
En otras palabras: España se calienta, se quema, se seca. Somos de los países más vulnerables al cambio climático y cuanto más tardemos en actuar más dolorosos y costosos serán los impactos.
En medio de este contexto de inacción y retardismo, las encuestas muestran que al menos el 80% de los españoles somos conscientes de que el cambio climático ya es una realidad, y que estamos preocupados por ello. La mayoría consideramos que la principal responsabilidad de actuar la tienen los gobiernos y las empresas, y el 62 % de la población queremos que se tomen medidas más contundentes.
Desde una óptica panorámica, los efectos de la crisis climática están siendo devastadores: un tercio de Pakistán bajo el agua, el verano más caluroso de Europa en 500 años, más de un millón de desplazados por las peores inundaciones que ha sufrido Nigeria, sequías históricas en Europa y en el Cuerno de África, incendios forestales catastróficos en California. Solo por citar algunos ejemplos de lo ocurrido recientemente. La necesidad de una acción climática decidida nunca ha sido mayor.
Las COPs
Por su parte, el Panel de expertos de Naciones Unidas lleva aportando datos y recomendaciones a lo largo de sus 26 Cumbres (COPs), y el Secretario General de Naciones Unidas lo dijo el año pasado en la de Glasgow sin eufemismos: «Todavía tenemos tiempo, pero estamos al borde. Cuando estás al borde de un abismo, debes asegurarte de que tu próximo paso sea en la dirección correcta». “No podemos seguir cavando nuestra propia tumba”. En dicha Cumbre, los distintos países acordaron llegar a compromisos concretos para dar respuesta a la crisis climática y actualizar sus planes nacionales de mitigación y adaptación con medidas más ambiciosas y ajustadas a la escala del problema. Sin embargo, solo 23 de los 193 países han actualizado sus planes pese a que el último Informe del IPCC de este mismo año ha sido muy explícito: necesitamos plantearnos urgentemente el decrecimiento en producción y consumo si queremos sobrevivir.
La reciente Conferencia por el Cambio Climático de Naciones Unidas COP27 ha concluido el domingo 20 de noviembre en Egipto con acuerdos descafeinados y sin avances significativos respecto a la anterior Cumbre de Glasgow. Los países participantes han sido incapaces de llegar a un acuerdo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y fijar el tope del 1,5ºC haciendo honor a su compromiso de 2015 en París. Desde la Unión Europea califican la Cumbre de «decepción» y el Secretario General de la ONU sentencia que «nuestro planeta todavía está en la sala de emergencias».
De hecho, la Cumbre concluyó con un acuerdo para hacer frente a algunas de las consecuencias del cambio climático pero sin ninguna medida importante para evitar que el calentamiento global siga aumentando. Así es, los países no llegaron a un consenso para la eliminación progresiva de todos los combustibles fósiles. A pesar de las fortísimas presiones de la sociedad y de miles de científicos y activistas en todo el mundo, la COP 27 no ha dado resultados aceptables, a la altura de la emergencia climática y humanitaria en la que estamos. Sólo la insistencia del activismo climático y el voluntarismo de la Unión Europea han logrado que en el último momento se alcanzara un acuerdo genérico, descafeinado e inconcreto: crear un nuevo fondo económico para compensar a los países más vulnerables por las consecuencias de las catástrofes derivadas del cambio climático que es generado en la actualidad e históricamente por los países más desarrollados, fundamentalmente. Este mecanismo de compensación por pérdidas y daños es insuficiente, no detalla cuál será el origen de los recursos económicos ni calendariza las aportaciones y recepciones de cada país. Por su parte, los países del G77 reclaman a los industrializados avances en sus compromisos políticos y que se traduzcan en acciones concretas, mientras los países ricos aún no han entregado los 100.000 millones de dólares anuales que prometieron hace años y que en la COP 26 de Glasgow parecían inminentes. Pero el acuerdo alcanzado en Sharm el Sheikh no abordó las causas del cambio climático, que no es otro que el uso de combustibles fósiles y la destrucción de la naturaleza. El acuerdo alcanzado in extremis es en sí mismo un fracaso al reconocer implícitamente la falta de voluntad política de los países para mitigar el incremento de las emisiones tóxicas, así como su incapacidad para hacer efectiva la adaptación a las inciertas condiciones de vida de nuestro inmediato futuro. Se limitará a financiar algunas de las reparaciones que van a ser inevitables.
¿Qué hacer ante este futuro?
Empecemos por reconocer que la ilusión de que las sociedades occidentales altamente desarrolladas podemos seguir derrochando energía de la forma tan extravagante e inconsciente en que lo hemos hecho en los dos últimos siglos, está muy arraigada en el pensamiento de los ciudadanos, las empresas y los dirigentes de las sociedades contemporáneas. Pero llegados a este punto, hemos de admitir también que estamos extralimitando la capacidad metabólica del planeta de, por un lado, generar energía y vida/recursos, y por otro de reciclar/reabsorber nuestros residuos. Nuestro sistema socieconómico capitalista globalizado -que necesita un crecimiento ilimitado para su funcionamiento- ha topado con los límites del planeta Tierra, que es finito. De hecho, lo que estamos enfrentando ya es el largo, lento y desigual desmoronamiento de nuestro estilo de vida, en realidad de nuestra sociedad, de nuestra civilización, que abusó de los recursos de su entorno hasta agotarlos. Esto es un hecho factual, no una cuestión opinática ni una visión catastrofista que responda una ideología determinada. Es lo mismo que ya ha sucedido en muchas otras civilizaciones locales a lo largo de la historia, pero ahora está ocurriendo a nivel planetario.
Solo cabe preguntarse qué hacer a partir de este punto.
Las soluciones han de incluir a tres actores principales: 1) los gobiernos multinivel (supranacionales, nacionales, regionales y locales); 2) las empresas (sector extractivo y productivo, sistemas de transporte y consumo); y 3) la sociedad (sociedad civil organizada, academia y científicos, medios de comunicación, activistas, comunidades, ciudadanía).
- Los gobiernos.
Tienen la capacidad de implementar un marco legislativo y unos instrumentos presupuestarios enfocados a hacer real la transición energética y ecológica que nos urge.
En términos generales, y contrariamente a lo que pudiera imaginarse, la ciudadanía demanda a sus dirigentes políticos mayor nivel de decisión en materia climática que el que éstos parecen estar dispuestos a poner en marcha. Así lo reflejan las últimas encuestas de opinión de la UE sobrepercepción de la crisis climática por parte de la población europea, concretamente en la de 2021, el 67% de la población española, frente a la media de la UE del 63%, cree que los gobiernos nacionales son responsables de abordar el cambio climático. Y más de nueve de cada diez personas encuestadas creen que es importante que tanto su gobierno nacional (94% en España, frente a la media de la UE del 88%) como la Unión Europea (94% de España, frente a la media del 87% en la UE), establezcan objetivos ambiciosos para aumentar la cantidad de energía renovable utilizada en 2030.
Las energías renovables son ahora más baratas que las fósiles en dos tercios del mundo, incluyendo economías emergentes como Brasil, Argentina, Colombia, Chile, Perú, Sudáfrica, Kenia, India, Tailandia, Vietnam y Filipinas. La inversión en la transición ha aumentado un 25% hasta superar los 708.000 millones de dólares este año a pesar de la crisis económica, incluyendo un impulso masivo al transporte eléctrico.
Por tanto, los gobiernos deben impulsar decididamente la transición energética, y dejar de financiar (mediante subvenciones, exenciones fiscales y apoyos directos) a los grupos empresariales que dañan el medio ambiente. La era de las economías extractivistas basadas en los combustibles fósiles está llegando a su fin, y los dirigentes políticos deben liderar la transición hacia un futuro más limpio, sostenible y justo en términos medioambientales y sociales.
Los dirigentes políticos no pueden sino unirse a la ciudadanía y a la ciencia para impulsar los cambios urgentes y profundos que se necesitan si queremos llegar a tiempo. El riesgo de pérdida de votos y de confrontación con los poderes económicos y las élites insolidarias es evidente, pero más lo es la amenaza del conflicto social generalizado que generará la inacción y la estrategia del sálvese quien pueda.
2. Las empresas.
El sistema productivo (incluyendo las empresas extractivistas, el sistema financiero, el de la construcción, los servicios, etc.), junto con el sector de la movilidad y el del consumo deben sustituir los combustibles fósiles en los que se cimentan por fuentes de energía renovables. Me referiré brevemente a cuatro de los rubros productivos más importantes en España en términos de facturación y empleo: los transportes, la alimentación, el turismo y la construcción
a) Se necesita una drástica reestructuración de los transportes (aviación, terrestres, tráfico marítimo) causantes al menos del 27% del CO2, de manera que se reorienten hacia la reducción de la movilidad de personas y mercancías, se priorice la movilidad activa y en transportes públicos, y se invierta decididamente en la electrificación de los vehículos terrestres (tren y vehículos rodados).
b) El sector alimentario tiene en la agricultura y la ganadería industrial dos grandes retos que necesitan ser enfrentados desde una visión a largo plazo y un enfoque de responsabilidad empresarial, medioambiental y social. Su transformación es ineludible teniendo en cuenta la dimensión de los residuos que generan, la mayor exigencia de la normativa a la que están sujetos, junto con la conciencia ecológica creciente de la opinión pública y de sus potenciales proveedores y clientes-consumidores.
c) El turismo de masas, tal y como está concebido en la actualidad, va a sufrir una transformación radical de la que se beneficiarán las empresas que sean capaces de compatibilizar su oferta de ocio con la sostenibilidad medioambiental.
d) La construcción, tanto pública como privada, de obra nueva como de reformas, es altamente dependiente de materiales y energías que están en declive en este planeta finito que habitamos. Y el conjunto de actividades y subsectores que implica son, a su vez, origen de un nivel de deterioro y contaminación ambiental, terrestre y marítima que hoy resultan inadmisibles.
Conocedores del presente y del futuro inmediato que se avecina, los 636 grupos de presión de las grandes empresas extractivas de combustibles fósiles, junto con los directores generales de BP, Shell, Total y Occidental que estaban presentes en la COP27, son perfectamente conscientes de que la transición energética tiene un impulso imparable y representa una clara amenaza para sus negocios. Muchos de ellos optarían si pudieran por la continuidad del “business as usual”, pero todos saben ya que esto ya no es posible.
3. La ciudadanía.
La comunidad científica ha advertido que el objetivo de mantener la temperatura por debajo de 1,5℃ no es realista y que los actuales compromisos de aquí a 2030 nos llevan a un aumento de unos 2,5℃, algo catastrófico para nuestro futuro y el de millones de especies en los más diversos ecosistemas terrestres y marítimos. Más y más personas en todo el mundo están tomando conciencia de que estamos ante la disyuntiva crítica: o cambiamos el sistema socieconómico o seguiremos deteriorando el clima y los ecosistemas que nos sustentan. Ambas cosas no son compatibles. Seguir con el mismo modelo económico que nos ha traído a la situación límite en la que hoy estamos nos conducirá irremediablemente hacia el desastre natural y el colapso social. La alternativa -reducir sustancialmente el consumo de combustibles fósiles-, implica un cambio radical de nuestro estilo de vida, consumo, movilidad y producción.
La acción climática requiere de medidas individuales orientadas a la sostenibilidad, por lo que la toma de conciencia social es importantísima de cara a modificar los estilos de vida, movilidad y consumo. Pero los cambios individuales no son suficiente.
En el marco del Pacto Europeo por el Clima, creado en 2020 por la Comisión Europea para facilitar un espacio propicio para el debate, la propuesta y la acción de la ciudadanía frente al cambio climático, ha tenido lugar en España la Asamblea Ciudadana para el Clima que, tras un proceso de información y debate colectivo, ha elaborado y entregado en junio de 2022 al gobierno un documento titulado Una España más segura y justa ante el cambio climático, ¿cómo lo hacemos?, que incluye 172 recomendaciones de actuación que se esperan sean debatidas en el Congreso de los Diputados y se traduzcan en políticas efectivas.
Y más allá de la acción individual, es decisiva la acción colectiva de ciudadanos y organizaciones conscientes y comprometidas con el futuro medioambiental. En este sentido, hay que destacar que el pasado 12 de noviembre tuvo lugar en Valencia la manifestación CLAM pel Clima que, organizada por actores no gubernamentales de la sociedad civil de la Comunitat Valenciana reclamaba a los gobiernos justicia climática y social ahora, al igual que millones de personas lo hacían simultáneamente en otras 16 ciudades en España y en numerosos países. En Valencia más de 90 asociaciones ciudadanas, ecologistas, feministas, barriales, juveniles, de derechos humanos y sociales han respaldado un amplio conjunto de propuestas compartidas, viables y democráticas con las que exigen a los gobiernos locales y al regional, acciones mucho más ambiciosas, urgentes y decididas capaces de superar las resistencias e inercias empresariales vinculadas al actual modelo de economía extractivista.
Una herramienta que está utilizando recientemente la ciudadanía organizada en asociaciones ecologistas y sociales para la defensa efectiva de sus derechos climáticos, ha sido la legal. Los riesgos de litigio están aumentando rápidamente para los gobiernos y las empresas que no cumplen con el Acuerdo de París. Ha habido más de 2.000 casos climáticos que han logrado sentencias condenatorias en países como Holanda, Alemania y Francia, sentando con ello un precedente legal. Los casos en curso abarcan cuestiones como los objetivos climáticos ineficientes, la contaminación ambiental, las violaciones de los derechos humanos y el lavado verde, entre otros. Estos casos están demostrando que la acción climática es un deber legal, no una opción voluntaria.
Otro instrumento que ha tomado fuerza en los últimos años es el de la desobediencia climática: la incómoda rebelión de científicos y ciudadanos que han optado por la desobediencia civil no violenta, siguiendo la inspiración de Gandhi, Nelson Mandela o Martin Luther King. El activismo climático está radicalizando sus acciones no violentas en vista de que las protestas tradicionales (manifestaciones, concentraciones, recogida y entrega de firmas, huelgas, propuestas y acuerdos con particos políticos y gobiernos de turno, etc.) no consiguen la acción urgente que se necesita por parte de los gobiernos y las empresas, quienes con su inacción, su retardismo y su greenwashing están ignorandolas recomendaciones de la comunidad científica y de la ONU, así como las necesidades y requerimientos de la ciudadanía.
En definitiva, la sociedad civil organizada exige más participación real, democrática y con poder de decisión para que se prioricen las necesidades de las personas y el planeta, y se cambie de rumbo en materia económica. Parece llegado el momento de forjar una gran alianza de los gobiernos con la ciudadanía porque la propia naturaleza de las transiciones que hay que poner en marcha requerirá introducir cambios de gran calado en las leyes, las instituciones, los sistemas productivos, las tecnologías, las políticas, los estilos de vida y el pensamiento dominante.
Se trata ahora de establecer estrategias multisectoriales y multiactor (gobiernos multinivel, sectores productivos, ciudadanía, mundo científico y académico, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, etc.) para planificar y acordar democráticamente el decrecimiento al que estamos abocados y que, de facto, ya se está produciendo. Prueba de ello es la reciente petición de los gobiernos europeos de reducir el consumo eléctrico, de petróleo y gas hasta en un 15%, teniendo en cuenta que desde 2014, cuando se alcanzó el pico del petróleo, las empresas del sector extraen menos cantidad año a año y están desviando sus inversiones en base al muy documentado agotamiento de los combustibles fósiles y de numerosos minerales imprescindibles en la tecnología que facilita nuestra vida diaria. Esta escasez se ha visto agravada y acelerada con la guerra en Ucrania y sus repercusiones energéticas y de provisión de alimentos y materias primas al resto del mundo.
Los dirigentes políticos han de enfrentar la situación y liderar el cambio que ya es imprescindible: una transición justa y consensuada hacia un nuevo modelo socioeconómico enfocado a satisfacer las necesidades básicas de todas las personas dentro de los límites biofísicos del planeta, que sea compatible con la vida y sostenible cara a las futuras generaciones.
Ya pasó el tiempo del negacionismo y del retardismo. Estamos en la cuenta atrás. Esta es la década decisiva para asegurar un futuro habitable, equitativo y sostenible. Ya no hay tiempo para las medias tintas, las tímidas reformas y los pequeños avances.
Nos estamos jugando el futuro, pero aún estamos a tiempo de detener los peores desastres ecológicos y sociales. Tenemos el conocimiento y los medios para cambiar de rumbo y construir alternativas vivibles, justas, feministas, inclusivas, sostenibles, dignas y amables. Juntos, podremos hacerlo.
Rosana Cervera Zumel, Socióloga, Coordinadora del Area Ecofeminismos País Valencià-Ecologistas en Acción.
[1] Nota: son emisiones del mercado de emisiones europeo, ETS aproximadas a las de Alcance 1 tan solo en España. En realidad, las emisiones de las empresas son mucho mayores porque se deben incluir las de Alcance 1, 2 y 3 (2 y 3 no están en el mercado de emisiones) que suponen emisiones mucho mayores de las aquí consideradas. Además, muchas de estas empresas trabajan en entorno internacionales con otras actividades fuera de las fronteras que no se incluyen en esta métrica.
[2] Informe del Observatorio de la Sostenibilidad y de la consultora Grandmother.
Gestionar el riesgo climático en las entidades socialmente responsables (III)
